Por Víctor M. Quintana S.
Publicado en La Jornada
La noche del 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a la fuerza y sin orden judicial a tres jóvenes: Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años; a su primo José Ángel Alvarado Herrera, de 30 años, y a la prima de ambos, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18. Permanecen desaparecidos desde entonces. Pero gracias a la reacción de la familia y de tres organizaciones de derechos humanos está a punto de lograrse la primera resolución de revisión de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de una acción de los operativos conjuntos de policías y Ejército iniciados por Calderón en 2006.


